Internet en México ¿servicio eficaz?

En estos tiempos en que la sociedad cuenta con instrumentos tecnológicos que le permiten enlazarse de manera virtual con prácticamente todo el mundo a través de los servicios de Internet, así como informarse, difundir contenidos e ideas o visibilizarse, sin duda alguna ello se ha convertido para muchos, en aspectos muy importantes de su vida.


En ese sentido, las dinámicas en el uso de los servicios de Internet han provocado la preocupación de diversos sectores, principalmente políticos, dada la apertura y libertad en la búsqueda de información, pues tal y como están regulados actualmente, en gran parte de los países del orbe, se presenta un ejercicio de libertad de expresión por parte de muchos usuarios. Esa preocupación deviene del hecho de que ha sido más difícil para sectores políticos ocultar actos de corrupción y de chantaje, además de que también se han mostrado muchos acontecimientos que involucran violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, policíacas y militares. En tal sentido muchos gobiernos han intentando –y en algunos caso lo han logrado- regular el uso de Internet mediante mecanismos legales, argumentando el respeto a ciertos “derechos” tales como el “derecho a la privacidad”, “seguridad nacional”, “derechos de autor”, “prevención de delito” etc.


En nuestro país se han llevado a cabo intentos por regular el uso de Internet, teniendo como ejemplo más reciente la llamada “Ley Fayad” que no fue otra cosa que una iniciativa propuesta, casualmente, por el priista Omar Fayad, en la que entre otras cosas, según la Red de Defensa de los Derechos Digitales (rd3.mx), además de contar con la participación de Policía Federal en su redacción, se buscaba criminalizar prácticamente todo el uso del Internet y de las redes sociales. (1)


A nivel global también se ha buscado regular los servicios de Internet, mediante acuerdos globales que buscan regularlos al modelo de la DMCA (la ley de propiedad intelectual sobre Internet y tecnologías digitales de EE. UU.), y como caso más destacable están los contenidos del TPP (Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica), en los que según la página tppabierto.net, se busca: “Con la excusa de la “piratería” online, el TPP mantiene a las proveedoras de servicios de Internet (Telefónica, Claro, Tigo, etcétera) como controladores de la circulación de contenidos en Internet, lo que afectaría derechos como la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Además, con la excusa de la necesidad del flujo de datos para el comercio electrónico, el TPP impide resguardos efectivos para la información personal, afectando a la privacidad.” (2). No debemos soslayar que México, a través de su gobierno corrupto y criminal, suscribió este tratado comercial que involucra a otros 11 países (Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y los latinoamericanos Perú y Chile) el pasado día 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda, restando solo la aprobación del mismo en el Senado de la República que lo recibió en abril de este año y que se encuentra en “estudio” en Comisiones. (3)


Hasta ahora la única regulación vigente y aplicable en el uso de Internet en nuestro país, se encuentra prevista en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (4), así como diversas disposiciones de la llamada Ley Federal de Telecomunicaciones respecto a las obligaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la materia (5), y que en cuanto a la salvaguarda de los derechos a la información y de libertad de expresión, son las siguientes:


- De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:


ARTICULO 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.


Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.


(…)


(…)


B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:


I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.


II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.


ARTÍCULO 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.


Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6º. De esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.


- De la Ley Federal de Telecomunicaciones:


Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:


(…)


XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto;


(…)


Artículo 146. Los concesionarios y los autorizados deberán prestar el servicio de acceso a Internet respetando la capacidad, velocidad y calidad contratada por el usuario, con independencia del contenido, origen, destino, terminal o aplicación, así como de los servicios que se provean a través de Internet, en cumplimiento de lo señalado en el artículo anterior.


(…)


Artículo 222. El derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables.


Las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género.


Ahora bien, como en muchos casos, consideramos que a pesar de la proclividad del Estado en “legislar” todo -a pesar de que en la practica la leyes se convierten en letra muerta- esto no escapa a las regulación en materia del uso del Internet, ya que las disposiciones referidas le otorgan de facto la autorización para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, como lo establece el artículo 1º de la Ley Federal de Telecomunicaciones ya transcrito. Ante esto resulta que es de conocimiento público como ciertas empresas gozan, también de facto, de mayores privilegios en las concesiones de las materias referidas, como es un claro ejemplo el de Telmex, S.A. de C.V. Es pertinente resaltar en este punto el contenido del párrafo décimo del artículo 28 Constitucional:


Artículo 28.- (…)


El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijaran las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitaran fenómenos de concentración que contraríen el interés público.


De las transcripción del párrafo constitucional, vemos que el Estado tiene la obligación de fijar modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios concesionados y además la utilización social de los bienes, esto es, que las empresas que sean titulares de la concesión de un bien público, tienen la obligación de ejercerla asegurando su eficacia y su buen uso, en beneficio de la sociedad en general y en particular de los clientes que se contraten con aquellas en la prestación de dicho bien o servicio, lo cual además no es gratuito, ya que estos les deben cubrir una contraprestación económica.


Ante todo lo expuesto manifestamos que con fecha 23 de septiembre del año 2016, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones Rafaela Reyna Franco Flores, determinó admitir a trámite una demanda de amparo de la Dra. Anel Hernández Sotelo, en la cual se hace valer la violación a los derechos humanos de Acceso a la Información, a la Libertad de Expresión y al Goce de un Bien Público Concesionado, promovida en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la empresa denominada Teléfonos de México, S.A. de C.V. en razón de que esta última le ofertó y cobró, durante tres años (desde febrero de 2013 hasta julio de 2016) un paquete de servicios de Internet denominado “Paqueteacerques” en una zona del Municipio de Cuautitlán, Estado de México, que ofrecía hasta 20 megabytes de velocidad, cuando carece de infraestructura o capacidad instalada para ello, contrariando la salvaguarda de los derechos fundamentales anotados, por el simple hecho de que si una persona contrata un servicio de internet a determinada velocidad es porque, por la razón que sea, lo requiere así y en consecuencia de ellos, la empresa prestadora del servicio público concesionado, está obligada a brindárselo en las condiciones que lo ofertó.


El hecho cobra mayor relevancia al descubrir que la empresa obtuvo hasta el mes de septiembre del año 2015, el registro tarifario de dicho paquete ante el Registro Público de Concesiones del IFETEL, cuando por lo menos en cuanto se refiere a la Dra. Hernández Sotelo, se lo cobraron desde el mes de febrero de 2013. Ante lo expuesto las preguntas obvias son, entre otras, ¿Cuántas personas tienen dicho paquete en la zona, que desde luego se han visto violentadas en sus derechos fundamentales al no contar con la velocidad de Internet que contrataron? ¿Cuánto le ha implicado en ganancias a la empresa el cobro de un paquete de Internet para el cual carece de infraestructura para ofertarlo? ¿Qué dependencia autorizó a Telmex tal explotación comercial de un bien público concesionado? ¿Por qué la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, han sido omisos, como organismos del Estado mexicano, en verificar y proteger el derecho de quienes contratan esos servicios, que se les brinden asegurando su eficacia?


Y además una consideración final en este aspecto que resume el contenido de este trabajo y que planteamos también como pregunta ¿Además de una indebida prestación de servicios, estamos frente a hechos que de facto, propician la veda o censura de la información que brinda el Internet y la libertad de expresión en la producción y difusión de contenidos contrarios a los intereses del gobierno? Eso también le corresponderá a los tribunales federales resolver de los cuales, desde ahora, esperamos contar con una total imparcialidad para sustanciar y resolver este asunto, pues se sabe de manera pública los alcances de la empresa Teléfonos de México, S.A. de C.V. en la colusión con autoridades para explotar de la forma que mejor le place los bienes que originariamente corresponden a la nación y por ende al pueblo.


Referencias:


(1) Red en Defensa de los Derechos Digitales.- 10 puntos claves sobre la #LeyFayad, la peor iniciativa de ley sobre el Internet de la historia.- http://r3d.mx/2015/10/28/10-puntos-clave-sobre-la-leyfayad-la-peor-iniciativa- de-ley-sobre-internet-en-la-historia/.- 28 de octubre de 2015. Consulta 1º de octubre de 2016.

(2) tppabierto.net.- Nuestros Derechos Digitales.- http://tppabierto.net/derechos-digitales.- La página no muestra la fecha de publicación. Consulta 1º de octubre de 2016.


(3) Tratado de Asociación Transpacífico.- http://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico.- La página no muestra la fecha de publicación. Consulta 1º de octubre de 2016.


(4) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Compilación de Leyes Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; http://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos Consulta 1º de octubre de 2016.


(5) Ley Federal de Telecomunicaciones, Compilación de Leyes Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; http://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/ley-federal-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion Consulta 1º de octubre de 2016.

#VíctorRogelioCaballeroSierra

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