La Represión y el Código Penal del Distrito Federal


El activista encarna la iniciativa propia, inteligente y lúcida,

el espíritu de invención, la responsabilidad colectiva,

el sentido de la autocrítica, el ánimo despierto y la valentía…

José Revueltas (1)


El primero de diciembre del año dos mil doce, además de ser el día en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) retomó el poder presidencial en nuestro país después de doce años de gobiernos panistas, marcó también dos hechos trascendentales en el Distrito Federal: el primero, un alineamiento vergonzante del Jefe de Gobierno -electo entonces- Miguel Angel Mancera al gobierno federal, como nunca antes, desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, se había visto; y el segundo –desde luego vinculado al primero-, una espiral represiva de la policía del Distrito Federal hacía la sociedad en general y, en particular, contra la lucha social y la disidencia.


Las razones aparentes del ensanchamiento de la represión en la Ciudad de México, son, entre otras, que ésta es quizás una de las entidades más politizadas del país y que, además, es sede de los poderes de la Federación, susceptible a las manifestaciones sociales de todo tipo pero, concretamente a partir de ese retorno del PRI, de aquellas que se avecinaban entonces, derivadas de la obsesión del sistema de partidos y de las ansias gubernamentales de concretar una serie de reformas a diversos preceptos Constitucionales y Legales que hicieron llamar “estructurales”. Estas reformas buscan regular a favor de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, en diversos sectores sociales y de la economía, tales como los derechos laborales, la tenencia de la tierra, la explotación de minas y playas, las telecomunicaciones, la educación, los sistemas de pensiones y, uno de los más sensibles, el petróleo y la generación de energía eléctrica.


Sabemos que los Estados totalitarios siempre se han excusado en la “aplicación de la Ley” para justificar sus acciones coercitivas y, sobre todo, en la represión hacia la lucha social para atacar a la disidencia con elementos legales. Cabe recordar que en el marco del Movimiento Estudiantil de 1968, el 4 de agosto el Consejo General de Huelga hizo público un pliego petitorio en el que detallaba sus exigencias:


libertad a presos políticos; derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social; desaparición del Cuerpo de Granaderos; destitución de los jefes policíacos; indemnización a los familiares de muertos y heridos por el conflicto y que se deslinden responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos; libertad democrática y una reforma electoral. (2)


¿Cuáles eran esos delitos descritos en el Código Penal Federal, en sus artículos 145 y 145bis? A continuación me permito transcribirlos:


Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que, en forma hablada o escrita, o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturben el orden público o afecte la soberanía del Estado Mexicano. Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín.


Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos ponen en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos. Se aplicará prisión de seis a diez años al extranjero o nacional mexicano que, en cualquier forma, realice actos de cualquier naturaleza que preparen material o moralmente la invasión del territorio nacional, o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero.


Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea un extranjero, las penas a las que antes se ha hecho referencia se aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede al Presidente de la República el artículo 33 de la Constitución.


Artículo 145 bis. Para todos los efectos legales se considerarán como de carácter político, los delitos consignados en este título, con excepción de los previstos en los artículos 136 y 140. (3)



La historia de la inclusión de esos delitos en el Código Penal Federal es peculiar. El columnista Emilio Cárdenas Escobosa apunta que:


en el México de los años cuarenta cuando se estableció el delito de disolución social en un contexto y con objetivos muy distintos a los que habría de servir al final y que llevó a la persecución de cientos de disidentes del monolítico régimen político de aquellos tiempos.

Recordemos que esta norma surgió en una época muy compleja para la seguridad nacional del país como fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, por lo que en el año de 1941 el entonces Presidente Manuel Ávila Camacho envía una iniciativa al Congreso de la Unión, que adicionaba el delito de espionaje en tiempos de paz y creaba, en el artículo 145 del Código Penal, el tristemente célebre delito de disolución social. (4)


Al respecto, Carlos Monsivais, detalló que “el artículo 145 y 145bis (sic) enunciaba el delito del disolución social, un delito creado en 1942 para combatir a los partidarios del nazi-fascismo”. (5)


En relación a lo expuesto, vemos cómo estos delitos, que combatió el Movimiento Estudiantil de 1968 por ser el pretexto legal para mantener a la disidencia en las cárceles de entonces, fueron creados con el fin de salvaguardar a la nación en 1942, en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, frente a las personas o grupos que tenían afinidades con la ola nazi y fascista que circulaba por el mundo por esos días. Sin embargo, a la postre sirvieron para justificar a la policía, al ejercito, a jueces y al ejecutivo federal, para criminalizar al movimiento estudiantil y otras luchas.


Ahora bien, en nuestros días -y específicamente en el Distrito Federal-, la policía, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno, cuentan también con instrumentos legales para criminalizar la protesta, quizás un tanto matizados respecto a la redacción de los feroces artículos 145 y 145bis del Código Penal Federal de hace cuarenta y ocho años, pero que en los hechos son igualmente dañinos para la libertad de manifestación y expresión. Me refiero a los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, que se refieren a los Delitos de Ultrajes a la Autoridad y al de Ataques a la Paz Pública, que a la letra dicen:


Artículo 287. Al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de veinte a cien días multa.


Artículo 362. Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública. La reincidencia se estará a lo que establezca este código. (6)


El ultraje, según Carranca y Trujillo y Carranca y Rivas, “es tanto como injuriar manifestando así desprecio” (7) y detallan, sobre el delito de Ultrajes a la Autoridad, lo siguiente:


a) Injuriar o manifestar desprecio, por cualquier medio y en cualquier forma a alguna autoridad.

b) Que el Ultraje se cometa en el acto en que el pasivo este ejerciendo sus funciones o con motivo del ejercicio de ellas; y

c) Que el activo quiera, con su conducta, lesionar la respetabilidad y el prestigio público del pasivo. (8)


Es verdaderamente risible que se duplique un tipo penal como las “injurias” haciéndolo especial para las “autoridades en ejercicio de sus funciones”, atentando a los principios del derecho que establecen que la ley debe ser obligatoria, general y abstracta, contenida en una hipótesis normativa punible o sancionable. Considerando la descripción de los doctores Carranca, nos preguntamos ¿cómo puede acreditar el Ministerio Público o el Juez, que conocen de este delito, la “respetabilidad” o el “prestigio público” de una autoridad?


Los Ataques a la Paz Pública, se integran en cuanto a su cuerpo del delito, en lo siguiente:


1. Que mediante la utilización de sustancias toxicas, por incendio, por inundación o violencia.

En este elemento se describen los medios por los cuales puede cometerse el delito sin perder de vista que la finalidad debe ser perturbar la paz pública. Aunado que el uso de sustancias toxicas, inundación o violencia se encuentra contemplado en otros tipos penales ya sea como agravante del delito, o bien, como elemento del mismo.

2. Que se realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servidores públicos.

Realizar actos contra las personas, bienes públicos o privados y servicios públicos utilizando los medios de comisión descritos en la primera parte, con lo que se perturbe la paz pública, sin que tenga relevancia que esos actos hayan causado alguna afectación o alteración a las personas […]

3. Que perturben la paz pública. (9)


El bien jurídico tutelado en esta parte del cuerpo del delito, que presupone como hipótesis normativa “la paz pública” no se puede definir de manera concreta y pone en tela de juicio la lesividad de la conducta, ya que como afirma Rodrigo Borja, “la descripción de lo ‘público’ en derecho se refiere a las relaciones entre gobernados y gobernantes y la ‘paz’ se vincula a la tranquilidad en esas relaciones, es decir podemos concluir, que ‘las infracciones contra el orden público’ son todas las que contravienen las órdenes de la autoridad o los mandatos de la ley”. (10) Sin embargo, no debemos dejar a un lado que la libre manifestación, la libertad de prensa, la libre asociación, la libertad de expresión e incluso instrumentos legales como el Juicio de Amparo, existen en esencia para que los gobernados se contrapongan de manera legal a los mandatos, disposiciones o actos de los gobernantes, lo cual evidentemente puede alterar la “paz pública” sin que necesariamente tenga como efecto la violación de una ley. De aquí se desprende que este delito puede duplicar penalidades previstas en otros delitos, tales como el riesgo de contagio, daños a la propiedad, lesiones, etc.


Con el objeto de mostrar el carácter afectatorio en la aplicación de los delitos de Ultrajes a la Autoridad y el de Ataques a la Paz Publica, en la lucha social y su criminalización, transcribo parte del trabajo de Carlos Alberto Vázquez, quien realizó un estudio en este aspecto desde el punto de vista criminológico:


La dogmática penal no sólo determina las características del delito, sino que al mismo tiempo pretende definirlo y toda definición implica que se tiene el poder para hacerlo. La pretensión apolítica y objetiva de la dogmática carece de fundamentación. Es la propia dogmática la que confirma el carácter político del delito y con ello del delincuente y de toda reforma legislativa. La criminología deja de ser el estudio etiológico (biológico, antropológico o social) para pasar a ser el estudio del poder político concreto (control) que representa el derecho penal en el Estado moderno, cuya formalización más acabada ha sido llevada a cabo por la dogmática y de ahí su identificación con ella. […] El principio de utilidad penal, tal como fue formulado por Grocio, Hobbes, Pufendorf, Thomasius, Beccaria y, más extensamente por Bentham, es idóneo para justificar la limitación la esfera de las prohibiciones penales sólo a las acciones reprobables por sus efectos lesivos para terceros. La ley penal tiene el deber de prevenir los más graves costes individuales y sociales representados por estos efectos lesivos y sólo ellos pueden justificar el coste de penas y prohibiciones. Por tanto, una ley que no es necesaria, al carecer del fin que la ley de propone, no es buena.

Al respecto este tipo de delitos, como se advierte, es para garantizar que un Estado, pueda tener un control basado desde su propia política, toda vez que se convierte en un Estado Autoritario, toda vez que como bien lo señala Ferrajoli, actualmente para poder determinar los bienes jurídicos es necesario tomar en cuenta el principio de lesividad, que constituye el fundamento axiológico del primero de los tres elementos sustanciales o constitutivos del delito: la naturaleza lesiva del resultado, esto es, de los efectos que produce.

Por tal motivo al no estar sustentado el delito de ataques a la paz pública en el principio de lesividad, no cumple con su función de protector de un bien jurídico, sino simplemente se emplea como un medio de control hacia la sociedad […]. (11)


En conclusión, podemos afirmar que los delitos contenidos en los artículos 287 y 362 del Código Penal del Distrito Federal, son verdaderamente atroces en su integración típica, atentan contra libertades elementales que se ejercen en la lucha social, tales como las ya mencionadas, de libertad de expresión, de prensa, de manifestación y de asociación y son verdaderamente feroces en su punibilidad, pues por el hecho de que a interpretación del aparato represor del gobierno, llámese Policía, Ministerio Público y/o Juez, las personas acusadas por estos delitos, pueden ser sancionadas con penas verdaderamente exageradas. Todo esto, como apunté al principio, en esta espiral represiva venida del gobierno federal, en contra de los movimientos que una parte consciente de la sociedad mexicana ha organizado para exigir otros derechos fundamentales como son LA LIBERTAD y LA JUSTICIA.


Finalmente, me gustaría compartir unas palabras del Ex -Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, pronunciadas en el Centro Cultural Universitario 68 en junio de 2008, cuando se analizaron diversos aspectos del Movimiento Estudiantil de 1968:


El único resultado del movimiento estudiantil de 1968 que trastocó el orden jurídico mexicano fue la derogación, en 1970, de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que comprendían la tipificación del delito de disolución social […]. Está por renacer (el delito de disolución social). Estados Unidos se empeña, evitando que se comprenda cuáles son sus motivos reales, en que México ayude contra el terrorismo, y mientras tanto el vecino país del norte ayudará a acabar con el narcotráfico […] Si la forma en que quieren combatir al terrorismo es la que el presidente de Estados Unidos, (George) Bush, ha hecho, pues es precisamente fuente de no respeto a las garantías constitucionales. Por ello, el único florón claro y definitivo del movimiento del 68, que fue la derogación de dos artículos del Código Penal Federal, está a punto de regresar; inclusive ya hay proposiciones concretas. De manera que ojalá no se produzcan, pero hay el peligro de que se vuelvan a producir. (12)


No dudemos de ninguna forma que los delitos de Ultrajes a la Autoridad y Ataques a la Paz Pública, son parte de los ordenamientos a que se refirió el Ministro Castro y Castro que atentan contra nuestros derechos fundamentales.




Referencias:


(1) REVUELTAS, José, México 68: Juventud y rebeldía, México: ERA, 1973, p. 183.

(2) “Matanza de Tlatelolco” en Memoria Política de México (Efemérides), disponible en http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/10/02101968.html. Consulta 25 de enero de 2016.

(3) ESCUDERO, Roberto, “El liberalismo del Movimiento Estudiantes de 1968” en Este país, Núm. 209, agosto 2008, p. 32.

(4) CÁRDENAS ESCOBOSA, Emilio, “Disolución social y pertubación del orden público: el eterno retorno” en Al Calor Político, 20 de septiembre de 2011, disponible en http://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=2258&c=15#.Vqbmaru_LIU. Consulta 25 de enero de 2016.

(5) La Masacre de Tlatelco. Documental de The History Channel y Anima Films, producción de Miguel Brailovsky.

(6) Código Penal del Distrito Federal. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, recurso disponible en http://info4.juridicas.unam.mx/adprojus/leg/10/349/default.htm?s= .Consulta 25 de enero de 2016.

(7) CARRANCA Y TRUJILLO, Raúl y Raúl CARRANCA Y RIVAS, Código Penal Anotado, México: Porrúa, 1993, p. 472.

(8) Ibid, 473.

(9) Recomendación 9/2015, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidente. México Distrito Federal, 14 de septiembre de 2015.

(10) BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la política, disponible en http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=o&idind=1107&termino= .Consulta 26 de enero de 2016.

(11) VÁZQUEZ MENDOZA, Carlos Alberto, Estudios criminológico del delito de ataques a la paz pública(Legislación del Distrito Federal), disponible en http://encuentrodelarazon.es.tl/ESTUDIO-CRIMINOL%D3GICO-DEL-DELITO-DE-ATAQUES-A-LA-PAZ-P%DABLICA--k1-LEGISLACI%D3N-DEL-DISTRITO-FEDERAL-k2-.htm. Consulta 26 de enero de 2016.

(12) MÉNDEZ, Alfredo, “Advierte Juventino Castro y Castro sobre renacimiento del delito de disolución social” en , 14 de Junio de 2008, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2008/06/14/index.php?section=politica&article=013n1pol. Consulta 26 de enero de 2016.

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