¡¡Fue el Estado!! Algunas consideraciones constitucionales


Los juristas orgánicos del sistema, los políticos de cuarta que nos dizque gobiernan, los jilgueros de los medios de comunicación, siempre pretenden excluir al “Estado” de las atrocidades cometidas por el gobierno, basándose en la simplista visión de los “elementos” que lo integran, a saber: el Territorio, el Pueblo y el Gobierno.


De dichos elementos pretenden confundir a la sociedad diciendo que lo perpetrado por agentes del gobierno no es responsabilidad del Estado, porque los actos de la autoridad (abusivos o no) solo son responsabilidad de una de las partes del Estado, es decir “el gobierno” y en estos nada tiene que ver ni el territorio, ni el pueblo.


Desde luego que no es así, los abusos y la represión venida del gobierno, claro que es responsabilidad del Estado, y para dar una explicación simple es que comparto este texto, con algunas definiciones más o menos generales de teoría política, de teoría general del estado y del teoría general del derecho, relacionadas con el texto que da vida jurídica al Estado Mexicano, que es la Constitución Política.


Extraigo aquí una cita –larguísima- del texto El Estado. Apuntes Jurídicos de Jorge Machicado (2013) que me es útil para condensar diferentes conceptos de lo que el Estado es a lo largo de la historia:


La palabra “Estado” proviene de la palabra latina “status” que se traduce como “la condición de ser” es inventada en “El Príncipe” (1513) de Nicolás Maquiavelo: “lo statu”, para referirse al “estado de cosas del reino” y en general a “toda organización jurídico-política y su forma de gobierno”.

“Organización jurídica y política de una población en un territorio determinado”. (Antokoletz)

Para George Jellinek el Estado “es una corporación constituida por un pueblo y dotada de un poder originario”.

Para Jean J. Rousseau el Estado es la “asociación política libremente fundada por los partícipes del contrato social”.

Kelsen dice que el Estado es una “ordenación de la conducta humana”.

Mortati define al Estado como un “ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los sujetos que pertenecen a él”.

Pellet Lastra dice que: “el Estado es una sociedad conformada por un grupo humano que vive en comunidad sobre un territorio determinado cuya estructura de poder está ocupada por una clase dirigente y reglada por normas constitucionales. Tiene por finalidad lograr el bien común y proyectarse con identidad propia en la comunidad internacional”.

El Estado “Es la sociedad jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y firmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior” (Cabanellas).


De la lectura de estas definiciones podemos concluir que el término “Estado” se refiere a su formación de carácter político y jurídico y no a los elementos de carácter social o territorial –tales como Territorio, Población y Gobierno- que lo constituyen.


Ahora bien, desde el punto de vista social, el Estado es el aparato jurídico-político que somete al individuo por “elección” o por “imposición”. En la Constitución Mexicana no hay precepto que defina concretamente al Pueblo de México, sólo se describen los derechos de los individuos que habitan en el país, sus presuntos derechos “colectivos” o “sociales” y, desde luego, sus obligaciones. En este sentido, sólo en el artículo 39 se refiere que la Soberanía (un concepto ajeno a la institución del Estado) radica en el Pueblo, pero de forma abstracta y sujeta a la “forma de gobierno” y a la supuesta elección popular de esa forma de gobierno.


Cabe recordar que en todo el mundo el territorio delimitado para cada nación está sancionado por el Derecho Internacional y no por las regulaciones constitucionales de cada país. En el caso de México, la noción de Territorio y su relación con el Derecho Internacional se encuentra prevista fundamentalmente en los artículos 42 y 48 de la Constitución, mismos en los que solamente se enlista lo que se supone que comprende el territorio nacional pero no lo delimita. De donde se sigue que es evidente que las acciones represivas y de violencia que se viven en México son responsabilidad del Estado, tomando en cuenta los siguientes artículos constitucionales:


Artículo 3. [donde leemos la primera definición jurídico-política del Estado Mexicano] Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.


Artículo 21. [donde se puede leer la definición coercitiva del Estado Mexicano] […] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios [o sea, el Estado, de acuerdo a la definición escrita en el artículo 3ro] que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.


Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:


a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la (o sea el Estado Mexicano) en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.



En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no hay capítulo alguno dedicado a regular las acciones de las fuerzas armadas del Ejercito, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Su actuación solamente está contemplada –que no regulada- en diversos artículos como el 35, fracción IV; 73, fracciones XII y XIV; 89, fracciones IV, V, VI, VII y VIII; 119, primer párrafo; y 129. Me permito transcribir estas disposiciones con glosas mías –que van en negrita y entre corchetes- para explicar de qué manera las fuerzas armadas sólo sirven al Estado en su conformación jurídico-política llamada Gobierno o Poderes:


Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;


[O sea, irónicamente es un “derecho” tomar las armas, pero sólo para la defensa de la “República” y de sus “Instituciones”]


Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.


[Aquí resulta evidente que la facultad de uno de los poderes en que se instituye el Estado Mexicano, es decir, “el Congreso” que se forma con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en conjunto, es quien dispone la actuación de las fuerzas armadas. De donde se sigue no esta actuación no depende del Pueblo mexicano]


Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales;

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a las leyes.

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión.


[Estas fracciones definen que la conformación, actuación y coordinación del Ejército Mexicano, así como su uso y disposición recaen en el mando exclusivo del Presidente de la República, nuevamente sin injerencia alguna del Pueblo]


Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida [sic].


[Este artículo define que son los “Poderes de la Unión” quienes tienen la potestad exclusiva sobre las fuerzas armadas en los casos de invasión, sublevación o trastorno interior, con la finalidad de que se mantengan intocables esos “Poderes”]


Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.


[Por lo tanto, la actuación del Ejército en tiempos de paz está supeditada al “Gobierno de la Unión”]


Así las cosas, no son verdades algunas aseveraciones que circulan por ahí respecto a que las fuerzas policiacas y armadas del Estado mexicano están al servicio del pueblo. Por otro lado, cabe destacar que nuestro sistema jurídico está basado en el Derecho Positivo –lo que significa que el Estado está regulado por leyes y no por costumbres- y este Derecho Positivo indica que el Estado constituye un poder coactivo y normativo de la conducta humana, conformado por Territorio (en su significación geográfica), Pueblo (como unidad personal, en modo alguno territorial) y Poder (en su acepción vinculada pura y simplemente al Estado).


Esta última definición de lo que el Estado es, en su relación con el Derecho Positivo, se la debemos a Hans Kelsen, jurista y filósofo austriaco que definió en sus obra Teoría pura del Derecho (1934) una visión positivista o iuspositivista llamada justamente teoría pura del Derecho (se trata de un análisis del Derecho como fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del que excluyó cualquier idea de Derecho Natural). Kelsen concluyó que el Derecho Positivo está por encima de la teoría sociológica y naturalista del Estado y plantea que la norma jurídica es la que otorga el poder coactivo al Estado.


Tomando en cuenta estas nociones generales, podemos asegurar que, en el caso de México es en la Federación, en los Estados, en el Distrito Federal y en los Municipios en quienes recae, como entidades jurídicas, la facultad coactiva del Estado. Y es que, como dispone el artículo 3º, existe una conjunción en su hipótesis normativa, cuando expresa que el Estado Mexicano se constituye por dichas entidades, lo cual funda el hecho de que la responsabilidad de los actos de represión y violencia del gobierno es exclusiva de éstos y no de cualquiera otro de los elementos del Estado.


En el caso Iguala, donde fueron asesinadas seis personas y 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron desaparecidos forzadamente por el Estado mexicano el 26 de septiembre de 2014, los medios masivos y tradicionales de comunicación, el clero, los intelectuales reaccionarios pero, sobre todo, el gobierno, han insistido una y otra vez en que estos crímenes fueron cometidos exclusivamente por fuerzas policiacas municipales, lo cual es a todas luces falso ya que el poder coactivo del Estado y que regula la conducta humana, se ejerce de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en la Constitución y en forma absoluta para todo el territorio nacional y sobre toda organización social. Así, podemos afirmar y concluir que toda la represión, toda la violencia y corrupción del gobierno es, desde luego, responsabilidad del Estado. Lo falaz de estas afirmaciones por parte del gobierno también se ha confirmado con las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), donde se detallan las acciones y omisiones del Ejército y de la Policia Federal Preventiva (PFP) en estos hechos, lo cual infiere una participación directa de todas las fuerzas armadas al servicio del Estado.


Además, si los esbirros del sistema pretenden excluir al pueblo de las atrocidades del gobierno con la definición de los elementos del Estado, también se equivocan porque a nadie se le escapa el hecho de que una considerable parte de la sociedad mexicana está tan sometida y tan adormecida que, desde luego, la indeferencia e indolencia que manifiesta sostiene el Terrorismo de Estado y exime a éste de sus responsabilidades.


Imagen fotográfica tomada desde el monumento a Efrain Huerta

-Avenida Juárez esquina Reforma- de la fuente de la glorieta del Caballito.

26 de septiembre de 2015. Víctor Rogelio Caballero Sierra.




Referencias


MACHICADO, Jorge, El Estado. Apuntes Jurídicos (2013). Recurso digital disponible en http://jorgemachicado.blogspot.com/2013/06/ceg.html; última consulta: 2 de enero de 2016.


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de 1917 (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 10 de julio de 2015). Recurso digital disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm; última consulta: 2 de enero de 2015.



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