¿Para qué sirven las cárceles?



El término “cárcel” proviene del latín carcer -eris que significa prisión, calabozo o cárcel, pero no solamente. Carcer evoca a la barrera o los barrotes utilizados desde la antigüedad clásica para indicar el “sitio de donde arrancan los carros en una carrera”, de donde se sigue que carcer define también el punto de inicio o de salida, el lugar del principio de algo. Esto explica el sentido de la frase a carceribus ad calcem (desde el principio hasta el fin), que aún en nuestros días utilizamos (Diccionario, voz: “carcer”, 66-67). Así, lo que define sustantivamente a la cárcel es el barrote pues es éste el que garantiza la calidad de la cárcel como lugar de aislamiento y de confinamiento, pero también como el inicio de lo que vendrá.


La historia de estos lugares de aislamiento, castigo y confinación no nació, como algunos quieren creen, con los códigos judiciales y legislativos modernos. La cárcel ha sido un espacio indispensable dentro de los sistemas organizados jerárquicamente desde los tiempos de las civilizaciones más antiguas hasta nuestros días, porque suponen “la forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles” (Foucault 233). La cárcel es, en suma, un mecanismo disciplinario que, por medio de la regulación –explícita o implícita- de lo prohibido y lo permitido, domestica el pensamiento, la palabra y el actuar de los hombres y las mujeres en sociedad. De ahí que la modalidad carcelaria se manifieste también en instituciones que, en teoría, deberían funcionan como aparatos democratizadores del conocimiento, la libertad y del bien común, tales como las escuelas, los hospitales, los batallones, los centros culturales, los institutos de investigación científica y las secretarías de Estado.


El discurso hegemónico nos ha hecho creer que las cárceles son necesarias para garantizar la sana convivencia entre individuos, comunidades y naciones. Creada y creída esta gran falsedad, que ha sido repetida por siglos a lo largo y ancho de todo el orbe, hoy resulta escandaloso plantear la necesidad de la abolición de los sistemas carcelarios mundiales pues somos escasas las personas que defendemos pública y abiertamente esta premisa. Dado que el que mucho abarca, poco aprieta, me centraré en el caso mexicano para exponer las razones que me mueven a promover tal abolición.


Durante la época prehispánica, existieron tres lugares de reclusión para los delincuentes: “el piloyan que fue conocido como el lugar de presos o atados, destinado a quienes cometían faltas de carácter civil; […] el quauhcalco o lugar de enjaulados, para quienes estaban condenados a muerte” y el petlaco, un “sitio de aprovisionamiento o alhóndiga [destinado a la] reclusión para los que delinquían en asuntos poco graves”. Además, existió una suerte de “encarcelamiento simbólico para los delitos insignificantes: se ponía un madero grueso enfrente del prisionero, y no se le permitía rebasarlo hasta cumplir su sentencia” (Contreras 1-2).


Sin embargo, el origen histórico de las cárceles en México tal y como las conocemos ahora, está en el Santo Oficio de la Inquisición castellana –porque había también una Inquisición romana y otra, portuguesa- reorganizada por los “reyes católicos” Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros durante el último tercio del siglo XV. Aunque la historia del Tribunal de la Inquisición europea hay que remontarla al siglo XII, fue en tiempos de los “reyes católicos” cuando esta institución obtuvo una instrumentalización política pues esta Inquisición moderna fue “muchas cosas al mismo tiempo: tribunal con jurisdicción especial para combatir la herejía, institución con todo su aparato administrativo, empresa paraestatal con cuentas deficitarias, instrumento aculturador o educador a su manera en el contexto de la estrategia pastoral de la Reforma católica” del siglo XVI, como respuesta al luteranismo alemán, al anglicanismo inglés y al calvinismo francés (García 45).


Sin pretensión de ofrecer aquí un análisis histórico detallado, apuntaré algunas generalizaciones sobre las funciones que desempeñó la Inquisición en España. Esta institución servía para perseguir a los infieles (judíos y musulmanes) y a los cristianos reformados conocidos como herejes (luteranos, calvinistas, anglicanos, etc.) que representaban –como ahora- el peligro de que la “verdadera fe”, es decir, la fe católica, fuera cuestionada por los feligreses. Pero, además, los miembros de la Inquisición se ocupaban de regular las conductas de los católicos hispanos que, sin atacar los dogmas de la fe que profesaban, practicaban formas de vida y de pensamiento que escandalizaban a las mentes más retrógradas y evidenciaban que no existía una sola, sino muchas maneras de ser y de vivir como “buen” católico. De ahí que en los procesos inquisitoriales se puedan leer casos de amancebamiento, bigamia, blasfemia, sodomía, hurto, asesinato, falsificación de documentos, tránsito de personas carentes de licencias para desplazarse por los reinos y un larguísimo etcétera. Los archivo históricos de esta institución también están repletos de procesos en contra de librepensadores, de masones, de lectores de libros prohibidos y de escritores de papeles sueltos o libros en los que se cuestionaba la opulencia y el derroche de los miembros de la Corte, la cultura de la corrupción en los reinos y virreinatos europeos y americanos de España, la política internacional cimentada en la cultura de la guerra, el maltrato sistemático de los poderosos contra el pueblo llano o que publicaban ideas científicas progresistas. Esta es pues, grosso modo, la dimensión política de la Inquisición española.


Si bien, es cierto que en cuestiones de torturas, asesinatos y hogueras, la Inquisición española fue menos violenta en los reinos americanos debido a que la catolicidad consideró que los indígenas no podían ser procesados como infieles musulmanes o judíos, o como herejes protestantes –razón ésta por la que los miembros de los pueblos originarios eran procesados por un tribunal especial conocido como el Juzgado General de Indios o Tribunal de Indios (Traslosheros)-, también es verdad que, luego de la invasión y de la ocupación militar en América, la estructura jurídica y judicial impuesta desde España por medio del Santo Oficio de México y de la Real Audiencia de México, fue una calca de las costumbres hispanas en materias de impartición de justicia y de control de la disidencia.


Entre las condenas que recibían los acusados, estuvo la del trabajo forzado. Por ejemplo, los presos condenados a “pena de galeras” eran obligados remar en las grandes galeras del rey que transitaban por el Mediterráneo, por el Atlántico y por el Pacífico. De acuerdo con la sentencia, el reo realizaba este duro y ominoso trabajo por años e incluso, por décadas. De manera similar, los presos eran ocupados para la construcción de caminos, puentes y otras estructuras como parte de su condena. Estas penas se convirtieron en un negocio redondo: el rey utilizaba mano de obra esclava –porque el trabajo forzado es esclavitud- invirtiendo muy poco dinero en la manutención de los reos y, al mismo tiempo, cobraba impuestos al pueblo por el uso de estos servicios urbanísticos. Cabe destacar que, tanto los reclusos en calabozos y cárceles como los condenados a trabajos forzados, recibían siempre el “alimento espiritual” que el clero les ofrecía con instrucción religiosa, confesiones, sermones y otras actividades, en el lugar mismo donde pagaban su condena.


Durante el siglo XIX, en el México supuestamente independiente, la situación no fue diferente. El sistema carcelario decimonónico reglamentado por primera vez en 1814, replicó la estructura judicial del virreinato. Desde entonces, las cárceles del Estado mexicano han servido principalmente para criminalizar la pobreza y el hambre, para reducir al condenado a la condición de esclavitud, para disciplinar a las mentes críticas del statu quo, para extorsionar a los familiares de los presos y para servir a los intereses de las mafias políticas y económicas. Las cárceles, tanto como los manicomios, funcionan como centros de exterminio físico y psicológico, como dispositivos que suprimen la personalidad y la voluntad humana, y como continentes de lo que los gobiernos consideran como desechos sociales.


Pero, además, la existencia de las cárceles sirve para adoctrinar a la ciudadanía en la idea de que son los gobiernos, y no los pueblos, quienes tienen la potestad de establecer la forma de vida lícita, decente y aceptable. No hay que olvidar que estos lugares disciplinarios, en donde reina la denigración, la injusticia, la impunidad y la corrupción, históricamente han sido ocupados por indígenas, homosexuales, luchadores sociales, críticos del sistema, periodistas, escritores, artistas y consumidores de drogas.


Tampoco debemos perder de vista que la cárcel, manejada por instituciones hegemónicas mafiosas tales como la Iglesia, las monarquías y los estados nacionales y, más recientemente, por los empresarios del gran capital luego de la creación de las cárceles privadas, es una herramienta del terrorismo de Estado. Vayamos por partes. El terrorismo se define como el conjunto de


actos violentos, con fines generalmente políticos, que pretenden crear un clima de terror mediante la utilización de bombas, asesinatos o secuestros indiscriminados. El terrorismo tiene un origen histórico remoto, pero desde los años sesenta se extendió, con unas características complejas, pues responde a las condiciones específicas de la zona o país en que se produce el fenómeno. En esta nueva orientación influyó la sensación de fracaso que los movimientos de protesta de los sesenta generó en ciertos sectores de la extrema izquierda occidental y que hizo que ciertos intelectuales legitimara el recurso a la violencia como única forma de cambiar los sistemas políticos dominantes (Toboso, voz: “terrorismo”, 551).


Así, mientras el terrorismo responde a los intereses de ciertos grupos políticos, religiosos y/o económicos que consideran que el cambio de rumbo de la humanidad sólo es posible a través de sangre y de fuego, el terrorismo de Estado es una “modalidad de terrorismo practicada, como su nombre indica, desde el propio Estado para combatir a los grupos terroristas, al margen de los cauces legales y del Estado de Derecho” (Toboso, voz: “terrorismo de Estado”, 552). Queda claro, entonces, que el terrorismo de Estado se cimenta en la violencia ejercida desde los gobiernos contra la población, sin importar si el proceder de policías, militares, paramilitares y asesinos a sueldo se encuentra o no sancionado por las leyes constitucionales. Sin embargo, si según esta definición, el terrorismo de Estado se define por las acciones violentas de las “fuerzas del orden” para combatir a los grupos terroristas, cabe preguntarnos por el tipo y la calidad de los “terroristas” que son combatidos por los Estados, al margen de los causes legales y del Estado de Derecho.


Desde la segunda mitad del siglo pasado, el Estado mexicano ha realizado prácticas terroristas contra los “terroristas” que pretenden “desestabilizar” al país. El nefasto grupo de los “terroristas” mexicanos que el Estado combate al margen de los causes legales y del Estado de Derecho está compuesto, desde entonces, por huelguistas, estudiantes, comunidades indígenas en resistencia, asociaciones de librepensadores, anarquistas y, más recientemente, por narcotraficantes. Sobre éstos últimos, el chiste se cuenta solo, porque en México ha sido el propio Estado el principal gestor en la producción y comercialización de las drogas que se exportan hacia Europa, Estados Unidos y centro y sur América desde, al menos, la década de 1970 (Hernández).


Aunque en nuestro imaginario colectivo se encuentra la idea fija y recurrente de que si no hay bombas, no hay terrorismo, lo cierto es que el terrorismo se define por cualquier tipo de actos que violentan la integridad humana. La ejecución extrajudicial, la ejecución sumaria, las desapariciones forzadas, las violaciones tumultuarias y la criminalización de las posturas políticas son actos tan violentos como los bombazos y son, también, actos terroristas.


En este sentido, el sistema carcelario no sólo garantiza la existencia del terrorismo de Estado -porque resultaría ilógico que el propio Estado que perpetra los crímenes por acción o por omisión investigara lo que ya sabe: que es el Estado mismo el que se sirve del asesino, del secuestrador, del violador y del totalitarismo como forma de vida-, sino que le permite autogenerarse naturalmente en el momento en que es ese mismo Estado el encargado de convencer a la opinión pública de que las personas que presenta como asesinos, secuestradores, violadores y enemigos de la nación, son tales. Las cárceles son instituciones orgánicas, es decir, que se reproducen de manera natural, porque su justificación está en la necesidad de creer en ideas abstractas como justicia, seguridad, derechos y gobierno. A su vez, con esta necesidad de lo metafísico, con esa cosa tan humana de creer aún en contra de lo evidente, se justifica la existencia real de espacios limítrofes y míticos destinados para el castigo, la humillación, el dolor, las vejaciones y la penitencia.


Para cerrar esta reflexión, me gustaría contar una historia, la de referente histórico del Infierno: la Gehenna. En su excelente artículo La transformación del concepto del cielo y del infierno en la historia del cristianismo, Franco Savarino escribe que


El Infierno de los Evangelios tiene una imagen muy concreta, la Gehenna, que cualquier judío ubicaba perfectamente en el costado sur de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Este pequeño valle, Gehinnom, cuyo fondo era ocupado por un arroyo, había sido antiguamente un lugar sagrado de los cananeos, en donde éstos ofrecían sacrificios a Baal probablemente. Con la llegada de los judíos desde Egipto y el establecimiento de su capital en Jerusalén, el valle se convirtió en una descarga, en donde ardían continuamente basura y carroñas de animales. En los tiempos de Jesús, era fácil referirse a como un lugar repugnante y espectral. Hablando del escándalo, Jesús dirá: “Y si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Pues es mejor para ti que entres con una sola mano en la Vida, que no con las dos ir a la Gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Pues es mejor para ti que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que no con los dos ser arrojado al Infierno, en donde el gusano no muere y el fuego no se apaga…” [Mc. 9,43-48] Estos dos elementos, el fuego y los gusanos, aunque aquí representan más bien elementos de purificación que de castigo, se convertirían luego en componentes estructurales del Infierno cristiano, principalmente con función de pena y tormento. Otras expresiones asociables al Infierno son el llanto y la desesperación, señalados por Jesús como destino de aquellos que no habrán creído, aún siendo hijos de Israel. Otras veces habla de tinieblas y del fuego eterno (212).


Pues bien, si en tiempos de Jesús fue un basurero ardiente –como el de Cocula- el referente físico de ese lugar metafísico de los tormentos que es el Infierno; hoy, las cárceles de todo el mundo podrían ocupar la misma función. Porque ahí están y se consumen los inconformes, los indignados, los contestatarios, los diferentes, los que luchan y los chivos expiatorios de esta nación mexicana que se pudre porque está cimentada en instituciones históricamente podridas.


México de Verdad-Radio Latina 5.0

Participación de Anel Hernández Sotelo

para la transmisión en vivo del 20 de noviembre


Bibliografía


Diccionario ilustrado latino-español, Barcelona: Spes, 2001.


Contreras López, Miriam y Rebeca Elizabeth Contreras López, “Una visión retrospectiva del discurso penitenciario en México” en Letras Jurídicas 22 (2010), pp. 1-12.


Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México: Siglo XXI, 2004.


García Cárcel, Ricardo y Doris Moreno Martínez, Inquisición. Historia crítica, Madrid: Temas de hoy, 2000.


Hernández, Anabel, Los señores del narco, México: Random House Mondadori, 2013.


Savarino Roggero, Franco, “La transformación del concepto del cielo y del infierno en la historia del cristianismo” en Frey, Herbert (coord.), La genealogía del cristianismo: ¿origen de Occidente?, México: Conaculta/Bermejo, 2000, pp. 196-233.


Toboso Sánchez, Pilar, Diccionario de historia del mundo actual, Madrid: Alianza, 2005.


Traslosheros, Jorge E., “Los indios, la Inquisición y los tribunales eclesiásticos ordinarios en Nueva España. Definición jurisdiccional y justo proceso, 1571-ca.1750” en Jorge E. Traslosheros y Ana de Zaballa Beascochea (coords.), Los indios ante los foros de justicia religiosa en la hispanoamérica virreinal, México: UNAM, 2010, pp. 47-74.


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