“La supuesta fuga, por un supuesto túnel, del supuesto Chapo”, para utilizar la supuesta frase, de u



¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Y para nuestro caso, la pregunta podría ser de la siguiente forma, ¿la práctica del narcotráfico surgió de manera independiente como un negocio que beneficiaba los bolsillos de unos cuantos vivales, y que a medida que pasaron los años corrompieron poco a poco a las instituciones del Estado, al grado que actualmente no son pensables las operaciones de los narcos sin el apoyo de las autoridades; ó la producción, distribución y venta de enervantes desde sus inicios es un negocio creado, para el beneficio y reproducción del propio Estado mexicano?



La pregunta no es de ninguna forma retórica, y tiene toda la pertinencia cuando pensamos en la figura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, y su supuesta fuga el pasado 11 de julio del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, por un supuesto túnel. De la misma forma que recordamos el vergonzoso caso de los comandos armados que salían por las noches del penal de Gómez Palacio, Durango, para cometer una serie de asesinatos con equipo y armamento de los propios custodios del penal, y con el beneplácito de la entonces directora del penal, Margarita Rojas Rodríguez.



Ambos casos, por mencionar sólo dos entre una lista innumerable de otros sucesos, tienen la célebre interpretación en los medios de comunicación e “imaginario social”, de ser actos permitidos por la propia corrupción de algunas autoridades, cuyo clamor social, se ve satisfecho con el castigo de los involucrados en el delito. Y en toda investigación siempre salen a relucir los “chivos expiatorios” para acallar el clamor de “justicia”. Curiosamente Guzmán Loera, fue uno de ellos cuando en 1993 fue apresado y recluido en el penal de Almoloya de Juárez con el cargo de haber participado junto con los hermanos Arellano Félix en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, pero ya hablaremos de ello.



Si regresamos a la pregunta realizada más arriba, una respuesta afirmativa al primer caso, sería caer en una explicación superficial del problema y atribuir la existencia del negocio conocido como narcotráfico a la “ambición” de dinero y poder personal de criminales y autoridades, cuya solución es de igual forma evidente. Mientras que inclinarnos por el lado opuesto, es tratar de buscar una explicación más compleja y con ello no quiero decir que sea la única y más importante; pero si nos coloca en otro nivel por encima de lo que vemos en las noticias o en la vida cotidiana, que al final al lector es lo que le interesa, porque es lo que lo afecta: nos referimos a la corrupción, las balas, la sangre, los destazados, los acribillados, los desaparecidos, el sufrimiento. Sin embargo, esto sólo es lo que se ve, lo perceptible del fenómeno que nos afecta, y tal vez al final es lo único que importa. La siguiente reflexión está sustentada en dos investigaciones, Anabel Hernández, Los señores del narco, 2010; revista Proceso, edición especial número 32 y 33, Los rostros del narco. Sin olvidar el trabajo de Luis Astorga, El narcotráfico, del porfiriato al nuevo milenio, 2005.



Conocidos y documentados son los casos de Esteban Cantú, gobernador de Baja California durante 1914-1920, quien aprovechando la lejanía y el estado de guerra, traficaba con opio hacia los Estados Unidos del cual obtenía jugosas ganancias y armas para mantener el control de su estado; o el del ex presidente interino en 1932 y luego próspero empresario, Abelardo Rodríguez, quien de la misma forma fue pionero en el negocio. Así que desde su posición, aunque trataron de hacerse de fortuna y poder por sus propios medios, sabían que sin protección tenían pocas posibilidades de seguir con el éxito y supervivencia, el trabajo era demasiado importante para dejárselo sólo a los traficantes. Tal vez por esa razón, en 1947 durante el gobierno de Miguel Alemán Valdez, se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), aunque sus funciones fueron los de espionaje político y sofocar a los grupos opositores al régimen; tempranos reportes del FBI, relacionaban a varios de sus principales dirigentes con el trasiego de enervantes, como el caso del Coronel Carlos Serrano uno de los fundadores de la DFS, al que le fue detenido un auto cargado con goma de opio en Texas.



Lo que me interesa recalcar es que desde la génesis del fenómeno, el Estado posrevolucionario se preocupó por controlar y dirigir un negocio por el cual se beneficiaba en un doble sentido. Por un lado, estaban los jugosos beneficios monetarios que implicaba por sí misma la práctica; y por otro el carácter de control regional ante cualquier movimiento de disidencia política. Y aunque por estos años, la discreción y anonimato, eran la carta de presentación de todas las ramas que integraban al negocio. Por la década de los años setenta, la situación cambiaría perceptiblemente.



En 1970 no existía el término “cártel”, existían solo las “ciclas”, que se dedicaban a sembrar, transportar y cruzar al otro lado de la frontera, la mariguana y la goma. Prácticamente no había estado de la República que quedara a salvo de esta actividad económica. La droga se sembraba en Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca. Todo ello con anuencia desde el gobierno federal, pasando por los gobernadores de los estados, así como los jefes del Ejército, la PJR y por supuesto de la DFS. No se producía o circulaba un sólo gramo sin el conocimiento de las autoridades. Eran los años de la guerra de Vietnam y el gobierno de los Estados Unidos permitía la actividad del narcotráfico para surtir de estimulantes a sus soldados en el frente de batalla y para los que regresaban a su país con la adicción ya generada.



Por esos años la DFS era controlada por José Gutiérrez Barrios, aunque su titular oficial era Luis de la Barreda Moreno. La misma época en que era más peligroso convertirse en disidente del Estado que volverse narcotraficante. Las instituciones perseguían inmisericordes a los primeros, mientras protegían y controlaban a los segundos. El control consistía en estar “arreglado” con el Ejército, la PGR y la DFS. Todo estaba bajo estricta supervisión, para sembrar 50 o 60 hectáreas se requería el permiso de la zona o región militar.



Cuando los plantíos estaban arreglados se les ponían banderitas de colores según fuera el arreglo. Así cuando los helicópteros sobrevolaban, sabían si había que fumigarlos o regarlos. Cada tres meses estaba lista la cosecha y los sembradores pedían permiso para transportar la droga al centro de acopio. Y después los transportistas pedían otro permiso para llevar la droga al punto de cruce fronterizo. Para evitar robos de la mercancía los camiones que la transportaban contaban con la protección de la PJF. Había la orden precisa de que ni un kilo podía quedarse en el país. No había venta al menudeo. Cuando se atrapaba a alguien con mercancía para la venta del mercado local se le echaba todo el peso de la ley y se les encarcelaba sin ninguna distinción.[1] Así, el Ejército mexicano se encargaba de cuidar los plantíos, la PJR era la responsable del transporte de la mercancía, y la DFS tenía el contacto directo con los narcotraficantes y los controlaba.



En esa época, entre los narcos que pagaban la protección estaban Manual Salcido Uzueta, El Cochiloco, Pancho Amarillas, Eduardo Lalo Fernández, el cubano Alberto Sicilia Falcón, Pedro Áviles Pérez, Pedro Díaz Parada, Don Neto Fonseca Carrillo, los Quintero Payan y su tía Lucy Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Pablo Acosta, Juan José Esparragoza Moreno, El Azul e Ismael El Mayo Zambada García. El negocio del narco forjó fortunas millonarias de la noche a la mañana, sin embargo lo que más llama la atención es que una parte de las ganancias se utilizaron para el combate a los grupos subversivos.



El mayor escándalo en la historia de los Estados Unidos —superando en proporción al caso del Watergate donde se vio inmiscuida la agencia de inteligencia norteamericana CIA— sucedido entre 1985 y 1986, conocido como Irán-Contra, no solamente dejó al descubierto la venta de armas a Irán durante la guerra que sostuvo contra Irak entre 1980-1988. Los millones de dólares obtenidos fueron utilizados para el financiamiento del grupo paramilitar Contra para luchar contra el gobierno de izquierda emanado de la revolución sandinista en Nicaragua. Sino que además, en 1989 se dejó a relucir que la CIA contribuyó alegremente en el fortalecimiento del negocio de la droga en Latinoamérica para su traslado desde Colombia y venta en casa. Si, las ganancias dejadas por el cartel de Guadalajara-Sinaloa y los colombianos fueron también utilizadas para el financiamiento de las Contras.



Fue durante el fortalecimiento del negocio con el apoyo de la CIA, que vendría un cambio importante dentro de la estructura del narco. En 1985 el agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, fue levantado y encontrado asesinado en la ciudad de Guadalajara. El suceso llevó a la detención y encarcelamiento de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo. Cuatro años después se jubilaría en la cárcel del Almoloya de Juárez, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien era el enlace con Medellín desde 1979. Su lugar sería cubierto por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los cielos. También surgieron o se consolidaron grupos en Tijuana comandados por los Arellano Félix, y en el Golfo comandados por Juan y Humberto García Abrego. No obstante, cada grupo tenía su función perfectamente delimitada en el traslado de droga desde Oaxaca en donde llegaba la cocaína de Colombia, y de ahí era movilizada a Tijuana, Juárez o Matamoros:



La avionetas Cessna bajaban del Itsmo provenientes de Tijuana, Juárez y Matamoros, recogían la cocaína y regresaban a su lugar de origen. Acuérdese que allí estaban los centros de almacenamiento. A veces agentes del propio gobierno de los Estados Unidos iban por la mercancía […] Los contactos entre los capos mexicanos y los colombianos eran a través del gobierno. Quien quería comprar cocaína, ya fuera Félix Gallardo, Pablo Acosta, Carrillo, García Abrego, El Mayo Zambada, El Güero Palma, El Chapo Guzmán, El Cochiloco, El Azul, o el que fuera, tenía que hacerlo a través del gobierno.[2]


Así para la segunda mitad de la década de 1980, los traficantes mexicanos adquirieron un papel más importante. México se convirtió en una zona estratégica que se encontraba a medio camino entre los productores y los consumidores. La topografía de México a lo largo del océano Pacífico y las costas del Golfo, permitió que se instalaran incontables pistas de aterrizaje para la recarga rápida de combustible de los aviones que transportaban los enervantes. Igualmente significativa resultaba la frontera terrestre de más de tres mil kilómetros entre México y Estados Unidos, ya que más del 95 por ciento no tenía vallas o barricadas. Estas eran condiciones inmejorables para que el grupo de Guadalajara estableciera lazos sólidos con la mafia colombiana en el tráfico de heroína, cocaína, y mariguana a los Estados Unidos. Desde luego, todo supervisado y controlado por el gobierno mexicano, la CIA y la DEA.



Antes de concluir la administración de Miguel de la Madrid, comenzó la ejecución de los capos de la “vieja guardia” para abrir paso a la nueva generación de capos con una mentalidad más moderna. También en esa misma época comenzó el desmantelamiento de los sistemas mexicanos de inteligencia, en 1985 desapareció la DFS dando paso a la Dirección de Investigación Federal y Seguridad Nacional (DISEN), que en 1989 se convertiría en el Centro de investigación y Seguridad Nacional (CISEN). La primera ejecución notable de un viejo narcotraficante fue la de Pablo Acosta, asesinado en 1987. El acontecimiento favoreció a Amado Carrillo Fuentes y le permitió dar el primer paso para hacerse del territorio chihuahuense. El 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido. Y una vez que Pablo Acosta fue asesinado, su lugar fue ocupado por Rafael Aguilar Guajardo, con quien Carrillo compartía el poder en Juárez. Sin embargo en 1993 Aguilar Guajardo sería también asesinado en Cancún. De esta forma, El Señor de los cielos se consolidó como amo y señor del narcotráfico. Con él se aliaron Juan José Esparragoza, Ismael Zambada, Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leyva, y los hermanos Valencia Cornelio.



Carrillo Fuentes se asoció con el cartel de Medellín. Más tarde, la muerte de Pablo Escobar Gaviria en diciembre de 1993 lo fortaleció aún más, pues cuando esto ocurrió se sentó a negociar con el cartel de Cali, encabezado por los hermanos Rodríguez Orejuela, al vinculársele con los principales carteles colombianos, El Señor de los cielos, comenzó a mover cuarenta veces más cocaína hacia los Estados Unidos de lo que llegó a traficar Félix Gallardo. Es de conocimiento público que Amado Carrillo Fuentes fue ávidamente protegido por la administración de Carlos Salinas de Gortari.



Es aquí en donde concatena nuestra pequeña historia. Corría el año de 1993, cuando Joaquín Guzmán Loera era presentado ante los medios de comunicación acusado de ser uno de los autores junto con el grupo de los hermanos Arellano Félix del asesinato del cardenal Posadas Ocampo. A partir de ese momento el destino de ambos personajes estaba echado. Por una parte El Chapo, que en ese entonces ocupaba un lugar secundario en la estructura del narco, era entregado por su patrón Carrillo Fuentes como “chivo expiatorio” y así calmar la presión pública que pedía algún resultado. Mientras que los Arellano Félix comenzaron a ser foco de ataques por parte del gobierno mexicano, junto con el de Estados Unidos hasta lograr su virtual desaparición. A partir de ese momento, Guzmán Loera, primero lograría que en 1995 fuera trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco. Allí, poco a poco fue forjando o forjaron su “leyenda” al tomar control del penal de máxima seguridad con anuencia de las autoridades. Hasta el 2001 que logró su épico escape del penal escondido en un carrito de ropa sucia, según la versión oficial. Y finalmente la revista Forbes mágicamente lo incluyera en su lista de los hombres más ricos del mundo en 2009.



¿Cómo un hombre que estuvo recluido por ocho años en un penal de máxima seguridad puede llegar a ser la máxima cabeza del control de tráfico de drogas a nivel mundial? En 1993 no era nadie, y en 2001 ¿era la máxima cabeza? Cosas de tal magnitud sólo se pueden entender si a la instancia que le conviene poseer el monopolio del mayor negocio es al Estado mexicano.



En 2001 se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos y en el Distrito Federal un concilio histórico entre los miembros de la organización del Pacífico. La idea del encuentro fue de Guzmán Loera, quien contó con el apoyo de El Mayo Zambada. El Chapo tenía nueve meses de haber salido de Puente Grande. En el encuentro participaron más de 25 cabecillas, entre ellos Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel Villareal, Marcos Arturo Beltrán Leyva, y Alfredo Beltrán Leyva quien representaba los intereses de José Esparragoza.



El tema central de la reunión convocada por El Chapo en Cuernavaca y el Distrito Federal, era la organización de las bandas del Pacífico que habían quedado diseminadas después de la “muerte” de Carrillo Fuentes, y lograr su aglutinamiento en una organización nacional donde todos sumaran sus esfuerzos para el traslado y acopio de droga. Así se planteó la necesidad de exterminar a la banda de los hermanos Arellano Félix. Durante el gobierno de Vicente Fox, El Chapo contempló la muerte del cártel con la ayuda del gobierno federal e información que él mismo había infiltrado a las agencias de Estados Unidos cuando estaba en prisión. En la primavera del 2002 la organización de los Arellano Félix comenzó a ir en picada debido a los golpes asentados, por los gobiernos de México y Estados Unidos. El asesinato de Ramón Arellano Félix y la detención de Benjamín Arellano Félix. En poco tiempo encarcelaron a dos mil operadores en ambos lados de la frontera.



La nueva organización conocida como La Federación establecía que todos compartirían las rutas que habían conseguido dominar a través de los años, los brazos armados e incluso hasta los grupos de lavadores de dinero. Juntos sumaron las operaciones de 16 entidades de la república, más de la mitad del país: Sinaloa, Durango, Coahuila, Colima, Jalisco, Nayarit, Morelos, Distrito Federal, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. En la cúspide de la organización se situó El Chapo como coordinador y se estableció un liderazgo vertical. ¿Por qué él? No sólo porque El Chapo era el padre de la brillante idea, sino que él tenía el arreglo con el gobierno federal desde la presidencia que conducía Vicente Fox.[3]



Dos años después de haberse creado La Federación con el apoyo del gobierno federal, en 2003 el grupo decidió ahora emprender una nueva guerra. Las municiones que estaban dirigidas a exterminar al cártel de Tijuana, se enfocarían en combatir ahora al cártel del Golfo. Razón de la guerra que existe hasta el día de hoy. Por un lado La Federación que cuenta con el apoyo del gobierno federal, y por el otro lo que queda del cártel de Juárez comandado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, que para defender su plaza formó un grupo de choque conocido como La Línea, compuesto por policías locales, federales y ex miembros del Ejército mexicano. El grupo del Golfo, de igual manera para defender su plaza, se hizo de los servicios del grupo de sicarios que funcionan como su brazo armado, conocidos como Los Zetas, “porque después de la Z no hay nada” contestaría su principal líder Heriberto Lazcano Lazcano.



“La guerra es la continuación de la política por otros medios”, dijo alguna vez Carl Von Clauzewitz, y si entendemos a la política como los medios y tácticas por las cuales se mantiene la cohesión social, es claro que la política que ha adoptado el gobierno federal es una guerra para lograr ese cometido. Con ello mediáticamente se logra formar un frente en común para combatir y perseguir a los “enemigos de las instituciones y la sociedad”. Mientras que las ganancias por el tráfico de drogas a los Estados Unidos seguirán funcionando para enriquecer a las familias que controlan el Estado mexicano y de paso a los comerciantes de armas del otro lado de la frontera, cuya operación solo es pensable con el apoyo del Estado norteamericano. Por ello es que o hay una estrategia coherente y planeada para combatir el problema, sino sólo sacar al Ejército de los cuarteles a ocupar las calles. Por ello, es que cuando presentan con “bombo y platillo” a algún narco detenido, o acribillan a otro en un escandaloso operativo, absolutamente nada cambia como lo haría saber El Mayo Zambada al periodista Julio Scherer en una entrevista. Y nada se cambia o se resuelve porque el mayor narcotraficante de la historia es el Estado mexicano.



¿Qué se gana con la salida de prisión de El Chapo Guzmán? Por un lado, la reactivación de una guerra que había permanecido desde el 2012 en espera de ser continuada. De esta manera el capo apoyado y construido por el Estado, será perseguido por el presidente apoyado y construido por la televisión. Si, Enrique Peña Nieto encabezará la simulación de la cacería al enemigo público número uno. Por su puesto con el apoyo del gobierno norteamericano, que no reparará en prestar ayuda (entiéndase con ello vender) con inteligencia técnica y militar al vecino del Sur. Todo esto en medio de la fase más importante para la descorporativización aparato estatal mexicano.



Gerson Moreno, 20 de julio de 2015.










[1] Anabel Hernández, Los señores del narco, México, Random House Mondadori, S.A. de C.V., 2010, p 114.


[2] Ibíd., p 129.


[3] Ibíd., p 364.

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